En caso de que las cotizaciones no se paguen en las fechas que establece la normativa legal vigente, deberán liquidarse los intereses de mora correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 Decreto 1406 de 1999. 

La EPS está facultada para realizar el recobro a los empleadores por los servicios prestados al trabajador y su grupo familiar durante los periodos donde se evidencie no pago de las cotizaciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2353 de 2015. 

Después de dos periodos consecutivos de no pago de las cotizaciones, se producirá la suspensión de la afiliación, de acuerdo al Decreto 2353 de 2015. 

Durante el periodo de suspensión, el empleador en mora deberá pagar el costo de los servicios de salud que requiera el cotizante y su grupo familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Decreto 2353 de 2015. 

Durante el periodo de suspensión, cuando el trabajador o uno de los integrantes del grupo familiar se encuentre en tratamientos en curso, la EPS garantizará la continuidad de la prestación de los servicios de salud hasta por cuatro periodos consecutivos de mora, transcurrido este tiempo la continuidad de los servicios de salud será a través de la red pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Decreto 2353 de 2015. 

Para el reconocimiento económico derivado de licencias de maternidad, paternidad o incapacidades por enfermedad general, se debe haber cancelado en forma completa las cotizaciones como empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla se aplicará al trabajador independiente, en relación con los aportes que debe pagar al Sistema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999. 

El empleador que argumentando descontar al trabajador sumas correspondientes a aportes parafiscales no las remita a la seguridad social y, al ICBF, Sena y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, será responsable conforme las disposiciones penales por la apropiación de dichos recursos, así como por las consecuencias de la información falsa que le sea suministrada al Sistema General de Seguridad Social. Será obligación de las entidades de seguridad social y de las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena y de las autoridades que conozcan de estas conductas, correr traslado a la jurisdicción competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 828 de 2003.